La Justicia intervino el jardín denunciado por hechos de violencia

GENERAL

La diligencia se dio tras la denuncia que hizo una madre por supuestos golpes contra su bebé de 10 meses. En las últimas horas se sumaron más testimonios de maltratos a niños y niñas.

Efectivos de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, realizaron ayer por la mañana una intervención al edificio del Jardín Maternal Pequeños Gigantes ubicado sobre calle Santa Fe, entre Ayacucho y Junín, el cual fue denunciado recientemente por supuestos hechos de violencia contra niños y niñas.

Las pesquisas se iniciaron luego de conocerse la denuncia presentada hace una semana por una madre que acusó penalmente al jardín por maltrato infantil contra su bebé de 10 meses tras observar moretones en la cabeza que no pudieron ser explicados por la responsable del lugar, Gabriela Cura, luego de que en la consulta médica no hallaran posibles problemas de salud que los provocaran.

Es por este motivo que los uniformados se dirigieron al jardín maternal para constatar la existencia de cámaras de seguridad que puedan probar las diversas versiones.

En el contexto del operativo, Cura dialogó y comentó: “Vino la Policía, observó las cámaras y se llevó lo que se tenía que llevar y se encargará la Justicia de confirmar que esto no fue así”

“El jardín está en regla y seguirá funcionando porque no hay nada que lo impida. Los uniformados observaron y constataron todos junto a una asistente social. Vamos a esperar y veremos en su momento para ver cómo se actúa”, aclaró.

Durante todo el procedimiento, según fuentes del caso, la directora del lugar se mostró colaborativa y se puso a disposición de la Justicia. La misma fuente comentó que, según la propia encargada, los videos de las cámaras de seguridad se borran automáticamente en tres días pero ella tiene en su poder videos registrados con su celular de los días previos a la denuncia.

La gravedad de la situación radica en que, además de la demanda mencionada, en febrero del año pasado el mismo centro educativo fue denunciado por una maestra que expuso ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I que varios pequeños con discapacidad que asistían al lugar fueron víctimas de hechos de violencia.

Testimonios que coinciden

La denuncia realizada en febrero del año pasado por la maestra manifiesta que niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) eran atados a sillas para ser inmovilizados a pesar de tener todas las capacidades motrices para manejarse con autonomía.

Asimismo, en la demanda la educadora explicó que el establecimiento no cuenta con gabinete interdisciplinario para el trabajo con niños y niñas con diversas discapacidades.

Aseguró en sede policial que la responsable del jardín infantil, Gabriela Cura,  ejercía violencia verbal con los niños y niñas. Ante este panorama, la maestra afirmó que la directora las obligaba a seguir sus reglas en tanto las tenía controladas por las cámaras de seguridad.

A partir de la situación generada en los últimos días, otro testimonio se sumó a la causa. Paola, mamá de uno de los nenes, dialogó ayer y destacó: “En marzo del año pasado retiré a mi hijo con el brazo roto y a mí me dijeron que estaba bien, que lloraba porque se asustó con el timbre”.

La madre comentó que lo llevó a la guardia donde la atendieron y luego la directora del lugar negó la situación.“Por eso lo dejé todo en manos de mi abogado pero no avanzó la investigación. Hoy en día cuando paso por la calle Santa Fe y mi hijo ve ese jardín entra en pánico”.

Paola también agregó que si es necesario será parte de una denuncia en conjunto: “Pero no sé qué más hay que hacer si estamos presentando pruebas. La gente espera que se muestre en cámara de seguridad pero cuando yo inscribí a mi hijo me dijeron que habían cámaras de seguridad para monitorear a los chicos pero eran mentiras porque nunca funcionaron”, finalizó.

Por otro lado, en 2018, una joven auxiliar de maestra jardinera se sumó al equipo del jardín Pequeños Gigantes pero su paso por allí duró alrededor de un mes. La situación se tornó difícil por las exigencias de la directora y por las condiciones con las que lidiaba cotidianamente.

En conversación telefónica, la joven que prefirió no exponer su nombre, relató situaciones que coinciden con la denuncia más reciente. En su caso en particular, fue a una niña con síndrome de Down a quien la directora quería mantener atada.

“Cuando descubrimos que las cámaras no andaban, empezamos a romper las reglas de ella (Gabriela): les sacabamos a los chicos, les dejábamos que se diviertan, les hacíamos juegos didácticos, bailes. Ellos estaban super felices, cuando ella llegaba, esos chicos eran un descontrol, lloraban y ella varias veces nos encontró que nosotras estábamos bailando o haciendo algo y después nos llamaba la atención de que ellos tenían que estar atados”, aseguró.

“Teníamos totalmente prohibido usar todos los elementos didácticos”, comentó la joven.

Una de las situaciones que inició un quiebre en el lugar de trabajo fue cuando una niña convulsionó y la directora se enojó porque las maestras llamaron a la madre tras una serie de intentos por conseguir ayuda.

“Lo primero que hicimos fue hacerle RCP,  la nena reaccionó bien por suerte. Estaba con muchísima fiebre que ni los pañitos se la bajaban, entonces le empezamos a llamar a ella (Gabriela). Ella no nos atendía el teléfono, nos cortaba y llamamos a un número de Celso (servicio de salud) que tenía pegado por la pared, pero dijeron que ese jardín no tenía la cobertura del servicio de ellos”.

“Entonces llamamos a la mamá de la nena, que llegó rapidísimo. Salieron con la nena a upa a pedir auxilio en la calle, que algún auto pare para poder llevarla al sanatorio. Cuando Gabriela se enteró de que la mamá llegó al jardín y la llevó a la nena, vino al jardín y nos puteó a todas las maes que estábamos ahí”.

Según comentó la entrevistada, en aquel momento una de sus colegas que llevaba tiempo trabajando allí realizó una denuncia, pero no recibió respuestas por parte de las autoridades pertinentes.

“Como ella estuvo un año, también le perjudicó mucho psicológicamente. Mi compañera hizo la denuncia en 2018, denuncia que ahora yo se la pasé al abogado de la mamá que denunció. Tenemos fotos del lugar, donde teníamos que cambiarle a los niños, del baño, de la heladera”.

En su relato mencionó que a la hora de dormir estaban obligadas a cerrar las habitaciones, pero, cuando podían, dejaban las puertas entreabiertas para poder escuchar cualquier problema.

“El tema de la comida también, porque habían padres que pagaban el paquete de la guardería con almuerzo incluido. Los chicos no tenían una mesa para comer, los chicos agarraban su platito y se sentaban en el piso, en la puerta del baño, en la cocina, donde encontraban lugar y ahí se les daba de comer”, puntualizó.


Demandas al Estado

Desde Familias TEA Misiones aseguraron que las consultas de madres y padres no dejan de llegar. Ante la gran demanda de contención, Patricia Zarza, quien es parte de la red, logró conversar con el ministro de Salud, Oscar Alarcón, para que desde Salud Pública se habilite un espacio de contención para las familias y maestras involucradas en la problemática.

“No sólo hay que contener al niño que sufrió violencia, sino al niño que normalizó esa violencia”, aseguró Patricia en relación al testimonio de un padre. Por su parte explicó:  “Ya me estoy viendo sobrepasada porque soy una simple mamá y hay padres que me preguntan si es su hijo quien sufrió violencia o si tendrá alguna consecuencia. Por eso se necesitaba el Estado presente y nosotros vamos a averiguar por qué no estuvo presente antes”.

Según Zarza, desde la red le brindaron apoyo a la maestra que realizó la denuncia en 2021 mediante la asistencia legal y acompañamiento en el proceso. “Si escuchaban el reclamo capaz podía haberse evitado lo que le pasó al último nene”, aseveró.

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