Comienza el debate en Diputados para modificar la ley de alquileres

GENERAL

Con la mirada puesta en cambiar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos y adecuar el sistema de actualización, los legisladores inician el proceso en la comisión de Legislación General. La postura del Interbloque Provincias Unidas.

Luego del acuerdo alcanzado la semana pasada entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados, en torno a la Ley de Alquileres, este martes comenzará el tratamiento del tema, en la búsqueda de poder arribar consensos en un plazo de 30 días para aprobar un nuevo proyecto.

El primer paso será, a partir de las 15, constituir la Comisión de Legislación General, que continuará al mando del oficialismo de la mano de la diputada Cecilia Moreau. El encuentro se realizará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Esta será la única comisión que aborde el tema, con el objetivo de acelerar el trámite.

La intención es fijar un cronograma de trabajo, que consistirá en la invitación de todas las partes afectadas -inquilinos, propietarios e inmobiliarias-, con el fin de receptar sugerencias y, sobre todo, testimonios de cómo ha impactado la norma que se sancionó en junio de 2020 y trajo dificultades para todos los sectores.

A partir de este acuerdo, el interbloque Juntos por el Cambio decidió desactivar la sesión especial que había solicitado para este martes, bajo el aviso de que, si pasados los 30 días hábiles no se llegan a los consensos necesarios, volverá a insistir con la derogación de la actual Ley 27.551.

En torno a derogar, suspender o modificar la Ley de Alquileres hay casi una veintena de proyectos presentados por legisladores de distintos bloques.

Pero en lo que sí pareciera existir coincidencias -por distintas declaraciones públicas- entre las principales fuerzas es en las dificultades que han tenido dos artículos en particular: el que extendió los contratos de dos a tres años; y el que estableció que los ajustes deberían ser anuales por una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE).

La actual Ley de Alquileres tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019, en el tramo final del gobierno de Cambiemos. En ese momento, la norma fue impulsada con fuerza por el exdiputado del Pro Daniel Lipovetzky -hoy legislador provincial- y cosechó un amplio acompañamiento, con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones -dentro de las que hubo macristas y cívicos-.

La sanción final de la ley llegó en junio de 2020, ya bajo la gestión del Frente de Todos y en un contexto de pandemia donde los precios de los alquileres estaban congelados por DNU. En ese momento, la oposición de Juntos por el Cambio se diferenció y estuvo ausente al momento de la votación. Así, la norma fue sancionada en el Senado por unanimidad, con 41 votos positivos del oficialismo y aliados.

La posición del Interbloque Provincias Unidas

El diputado Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro pero que preside el Interbloque Provincias Unidas, se refirió al proyecto que presentó su colega Agustín Domingo y que acompañarán los legisladores del Frente de la Concordia misionero.

En declaraciones, Di Giácomo precisó que “donde encontramos la mayor resistencia es en el artículo que se refiere al plazo mínimo de contrato que la ley actual lo elevó a tres años cuando el uso y costumbre era de dos años y eso configura un primer elemento que no todo el mundo lo acepta”.

“El otro elemento tiene que ver con otros dos artículos de la actual ley. Uno relacionado a las garantías que solicitamos la derogación directa y el otro tiene que ver con fijar como aumentos posibles nada más que una vez por año y este ha sido uno de los más grandes motivos por los cuáles se terminó actuando, tanto propietarios como inquilinos por fuera de la ley y allí está uno de los grandes fracasos de la ley actual”, argumentó.

“Creemos que la situación de las viviendas en alquiler de la Argentina en general, no tiene que ver con grandes fondos de inversión ni con grandes monopolios que se dedican al alquiler. Si hay que controlar la intermediación, allí el Estado tiene que tener un papel regulador que no haya abusos en materia de depósitos, de meses adelantados y demás y creemos que lo otro, es un contrato privado entre partes”, remarcó Di Giácomo.

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