Agente implicada en el escándalo de la Seccional Segunda fue sobreseída

POLICIALES

La Justicia no halló elementos para procesar a la policía, que retomó sus funciones tras dos años apartada. Toda responsabilidad penal recayó en el sargento ayudante Juan M.

El Juzgado de Instrucción Uno de Oberá sobreseyó a una agente de Policía que había sido imputada por su presunta responsabilidad en delitos cometidos en la Seccional Segunda, acusación por la cual permaneció dos años apartada de sus funciones.

La denuncia original fue radicada el 17 de enero de 2020 por una mujer de 43 años que se hallaba detenida en la citada dependencia obereña desde septiembre del 2019, quien detalló un presunto modus operandi encabezado por el sargento ayudante Juan M. (46) en complicidad con la subalterna.

Ambos funcionarios fueron detenidos e imputados por la presunta comisión de los delitos de cohecho, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Inicialmente, el sargento también fue acusado de abuso sexual en perjuicio de internas, aunque con el correr de la investigación dicho cargo fue desestimado.

Al respecto, un vocero judicial reconoció que el policía se vio beneficiado con la demora del proceso originada durante el primer año por las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Además, varias de las supuestas víctimas que estaban alojadas en la Seccional Segunda recuperaron la libertad en sus respectivas causas y hasta hoy ni siquiera fueron citadas a declarar.

En paralelo al expediente penal, la Jefatura de la Policía de Misiones inició un sumario administrativo interno y dispuso la disponibilidad de ambos.

Pero recientemente el Juzgado interviniente resolvió sobreseer a la agente por no hallarse elementos para procesarla. Tras la correspondiente notificación, la cúpula policial levantó la disponibilidad y la agente retomó sus funciones.

Diferente es la situación del sargento, quien fue procesado. Además, a principios del año pasado se vio involucrado en otro hecho y fue apartado definitivamente de la fuerza.

Testigos liberadas
Tras permanecer detenido durante 96 días, el sargento ayudante Juan M. fue beneficiado con la excarcelación. Además, el policía afronta una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes que se tramita ante el Juzgado Federal de Oberá.

Los primeros indicios de corrupción surgieron cuando una mujer, identificada como J., le reclamó a la guardia por qué había detenidas que podían usar celulares y ella no.

“¿Cómo puede ser eso? ¿Porque yo no puedo pagar no tengo derecho y las otras sí?”, se quejó, tal vez sin comprender que el uso de celulares está absolutamente prohibido en los lugares de detención.

En consecuencia, las autoridades de la dependencia iniciaron una investigación que determinó que el sargento ayudante Juan M. sería quien “alquilaba” celulares para uso de las internas.

Incluso, en el sumario interno se determinó que un hombre con pedido de captura por una causa federal concurría regularmente a la dependencia a visitar a su pareja. Se trata de Reno C., con amplio prontuario por drogas en Oberá.

En este punto cobra relevancia el posterior hallazgo de picadura de marihuana en uno de los cofres del personal, junto a prendas íntimas femeninas y profilácticos.

Fuentes del caso indicaron que dicho compartimento era el destinado a la guardia del sargento ayudante Juan M., quien además era el portador de la llave.

Testigos que asistieron al allanamiento de la Seccional Segunda, encabezado por el juez Gerardo Casco, entonces subrogante del Juzgado de Instrucción Uno, coincidieron en la sorpresa del magistrado y de las autoridades policiales ante el hallazgo de varias bombachas, profilácticos y picadura de marihuana.

“La cara de los jefes lo decía todo. Indignación y vergüenza por lo que veían. Fue un mazazo”, graficó una alta fuente. Dicha causa está pronta a su elevación a juicio.

Choque y fuga
Justo un año después de la primera denuncia y estando apartado de sus funciones, el sargento ayudante Juan M. protagonizó un siniestro vial y se dio a la fuga, hecho que le costó la vida a Alberto Rafael Ferreyra (48).

El choque se registró minutos antes de las 19 del 15 de enero del año pasado, en la intersección de las calles Tierra del Fuego y Estanislao del Campo, en el barrio Loma Porá de Oberá. La víctima iba en una moto de 150 y murió en el acto.

Por su parte, el policía conducía una Volkswagen Amarok y abandonó el lugar a toda velocidad. Además el vehículo no poseía seguro. Su posterior captura fue posible gracias al aporte de las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona. Luego Juan M. se negó al test de alcoholemia.

Por este segundo caso el policía fue imputado por homicidio culposo agravado por fuga y permaneció detenido por 75 días.

Al recuperar la libertad fue notificado de la inhabilitación para conducir mientras dure el proceso penal, medida informada a los estamentos de control de tránsito.

En consecuencia, si el implicado fuese hallado al mando de un rodado afrontará una nueva causa por desobediencia judicial. Además, deberá hacer frente a una importante multa por conducir sin la correspondiente licencia.

La acusación en su contra se apoya en el artículo 84 bis del Código Penal que establece penas de 2 a 5 años de cárcel para quien conduzca de “manera imprudente, negligente o antirreglamentaria (por ejemplo sin seguro, como este caso) y cause la muerte de otra persona”; pero la pena aumenta a de 3 a 6 años si el conductor “se da a la fuga, no intenta socorrer a la víctima o está bajo los efectos de estupefacientes o alcohol”.

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